Pedido de informes sobre proyecto de construcción de represas hidroeléctricas sobre los Piray

La Mesa Provincial No a las Represas presentó el 11 de abril de 2019 un pedido de informes a la Secretaría de Energía provincial acerca del proyecto de construcción de represas hidroeléctricas sobre los arroyos Piray Guazú y Piray Miní en la zona de Eldorado. Eduardo Luján y el Dr. José Luis Fuentes expresaron a la prensa las preocupaciones que motivan la solicitud.

 

Notas en medios de comunicación

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Texto presentado

Posadas Misiones, 11 de abril de 2019

SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

Al SECRETARIO DE ENERGÍA DE LA

PROVINCIA DE MISIONES

ING. SERGIO LANZIANI

S___________/___________D

Quienes suscriben, José Luis Fuentes, D.N.I. 30.362.020, con domicilio real en calle Argerich n° 51 de la ciudad de Eldorado, Provincia de Misiones y Eduardo Lujan D.N.I. 10.680.728, con domicilio real en chacra 137, Mz “c”, casa nro. 20, de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, por derecho propio, constituyendo domicilio especial en calle Salta Nro. 2302 segundo piso, en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, respetuosamente decimos:

Como ciudadanos argentinos y misioneros, integrante de la Mesa Provincial NO a las Represas, nos encontramos preocupados debido a la ausencia de información pública respecto del convenio celebrado entre la provincia de Misiones y la empresa China Railway First Group Co., Ltd. en el año 2016. El mencionado convenio, según la información adquirida a través de los medios de comunicación, trata la realización de estudios de factibilidad para la construcción de represas hidroeléctricas en arroyos de la provincia de Misiones.

Toda la información conocida respecto al convenio citado precedentemente fue obtenida a través de los medios de comunicación. Las solicitudes realizadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Eldorado no alcanzaron una respuesta respecto de los puntos planteados. El convenio no fue remitido al Concejo Deliberante, no se dieron detalles de los avances en el cumplimiento del mismo.

También fue púbica la visita de ingenieros de la empresa China Railway First Group Co., Ltd. a la ciudad de Eldorado, donde manifestaron en el canal de TV local, perteneciente a la Cooperativa Eléctrica Eldorado (canal 4), la proyección de una represa multipropósito en aguas del arroyo Piray Miní, a la altura del Balneario Faubel.

Atento a lo antes manifestado, ejerciendo el Derecho Constitucional al Acceso a la Información Pública Ambiental, solicitamos la siguiente información:

  1. Copia de los convenios celebrados entre el gobierno de la provincia de Misiones y la empresa China Railway First Group Co., Ltd. en 2016, así también copia otros convenios previos y posteriores si existieren.

  2. Copia de todo convenio con otra empresas referidos a la realización de estudios de factibilidad y/o construcción de Usinas Hidroeléctricas en arroyos interiores o ríos de la provincia.

  3. Copia de la autorización emitida por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, en el marco del art. 5 de la Ley IV – Nro. 56. “La Cámara de Representantes, en ejercicio de lo dispuesto por el Artículo 124 de la Constitución Nacional, autorizará los estudios técnicos de pre-factibilidad, geológicos y socio ambientales de cualquier emprendimiento y/o proyecto hidroeléctrico”.

  4. Información respecto a los proyectos de usinas hidroeléctricas en la cuenca de los arroyos Piray Miní y Piray Guazú.

  5. Copia de los resultados, parciales o finales, de los estudios de factibilidad respecto de proyectos de construcción de usinas hidroeléctricas realizados arroyos Piray Miní y Piray Guazú por la empresa China Railway First Group Co., Ltd.

  6. Información integral respecto todo los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Misiones, con estudio de factibilidad en proceso, o con estudios de factibilidad finalizados.

  7. Respecto a los proyectos mencionados en el punto e), solicitamos: Estado de desarrollo de los proyectos, emplazamientos proyectados, estudios de impacto ambiental si los hubiere, organismos públicos vinculados, cooperativas de servicios públicos vinculadas, organismos de financiamiento nacionales e internacionales vinculados, etc.

  8. Atento a que el grado de formulación de la información podría ser disímil entre los diferentes puntos, solicitamos que la remisión de la información sea conforme a la disponibilidad, no demorando la entregar.

Fundamentos. Derecho aplicable a la presente solicitud.

El derecho al acceso a la información pública es uno de los presupuestos, y a su vez también consecuencia del derecho a la libertad de expresión (art. 14 Constitución Nacional – CN), y del sistema republicano (art. 1 CN). La información y la participación son inseparables del derecho personal y subjetivo a buscar y recibir información pública, hoy definido por el derecho colectivo de la sociedad a ser informada. Este derecho encuentra reparo también en todos los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales forman parte de nuestro derecho interno (art. 31 y 75 inc. 22 CN1).

En especial, el derecho de acceso a la información pública ambiental está garantizado en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. La doctrina y la jurisprudencia interpretan de manera unánime que el segundo párrafo de este artículo obliga a las autoridades a conductas proactivas. En cuanto a la información es importante señalar que no solo debe ser accesible a los efectos que la población pueda ser informada, tomar decisiones y dar opinión sobre los problemas ambientales que puedan afectarla directamente sino que además es trascendente que el estado provea información haciendo lo que corresponda para producirla en los casos en que no exista, a efectos de que la racionalidad de las decisiones pueda ser puesta efectivamente en marcha. Con respecto a la educación ambiental se refiere tanto a la formal, en todos los niveles educativos, como la informal, es decir que pueda llegar por todos los medios y a toda la población sin ninguna clase de discriminaciones. Las sociedades conocedoras de sus derechos y respetuosas de sus obligaciones son las que manifiestan comportamientos aceptables y ecológicamente positivos.

Las leyes de presupuestos mínimos -de aplicación imperativa para todos los ámbitos y niveles del Estado- que se dictaron a raíz de esta manda constitucional, en el ámbito que nos convoca son: Ley 25.675 General del Ambiente, y ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. Esta última norma en respuesta a los acuerdos globales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, específicamente al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que consideramos importante y oportuno transcribir tal cual: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

El acceso a la información ambiental resulta un elemento básico dentro de la política del Estado, con el objeto de constituirse en una herramienta para la toma de decisiones. Por el lado de los particulares, el acceso a la información es vital porque aspira a un ambiente digno en el que desarrollarse y por ello, tiene la obligación y necesidad de preservarlo y conservarlo, todo lo cual sería imposible sin la debida información que posibilite una vía de acción al respecto.

La sanción de las leyes nacionales 25.675 y 25.831 importan un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos y las herramientas de participación pública en general y de Acceso a información, y como apuntamos, constituye el conjunto federal de presupuestos mínimos en materia ambiental, lo que pone en evidencia la importancia que el legislador ha querido otorgarle a la información pública ambiental, al situarla en el peldaño más elevado de la jerarquía normativa ambiental. El bloque normativo referido considera información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) el estado ambiente o algunos de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.

A nivel provincial, el derecho al acceso a la información pública está contemplado en la LEY IV – Nº 58 LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: ARTÍCULO 1.- Derecho a la Información. El acceso a la información pública es el derecho de participación ciudadana por el cual toda persona física o jurídica, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, solicita y recibe información completa, adecuada, oportuna y veraz de cualquier órgano perteneciente a la administración centralizada, descentralizada, órganos de la Constitución Provincial, entes autárquicos, empresas y cooperativas que presten servicios públicos y sus entes reguladores, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado y aquellas organizaciones empresariales donde la Provincia tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o que reciban subsidios del Estado Provincial, Poder Legislativo y Poder Judicial”.

Fundamentos y pautas básicas internacionales:

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por los artículos IV de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre ; 13 de la Convención y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. La CIDH ha interpretado que dichas disposiciones establecen la obligación positiva en cabeza del Estado de permitir a los ciudadanos acceder a la información que está en su poder. En igual sentido se pronunció la Corte IDH en el emblemático caso Claude Reyes y otros vs. Chile (2006).

Con más detalle, se reconoce este derecho particularmente importante para el sistema democrático, representativo y participativo, y para la realización de otros derechos humanos (en este caso que nos ocupa, el derecho a la salud, a un ambiente sano, el derecho al desarrollo sustentable, y el derecho a la participación ciudadana, entre otros). Se considera una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, que facilita la transparencia de los actos públicos, previniendo la corrupción, a la vez que enriquece y legitima las decisiones de la cosa pública. Para que se manifieste un debate amplio y vigoroso es indispensable contar con la información pública que permita evaluar con seriedad el asunto que se trate, en este caso, la construcción de represas hidroeléctricas en la provincia de Misiones, o estudios de factibilidad de estos emprendimientos. Sólo a través de este acceso es posible que los ciudadanos puedan saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones y obligaciones públicas.2

Al tratarse de un derecho humano universal, tanto la Corte como la Comisión han precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado (caso Reyes, cit.); incluso se prevé la posibilidad de realizar solicitudes anónimas, y a no exponer las razones por las cuales se solicita (Ley Modelo Interamericana sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública OEA).

Para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la información, la Relatoría ha expresado que deben tenerse en cuenta al menos tres principios rectores.

  1. El principio de máxima divulgación: esto es que la publicidad, la transparencia y el acceso libre a la información debe ser la regla general, sometida solo a estrictas y limitadas excepciones, las cuales deben ser interpretadas de manera restrictiva, y toda duda debe resolverse a favor de la divulgación, que además, debe ser oportuna, completa y accesible. Las excepciones, además, no tendrán lugar cuando se trate de graves violaciones a los DDHH, al derecho humanitario, o cuando SE REFIERAN A CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO REFERIDAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

  2. el principio de buena fe: los sujetos obligados deben realizar las acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal. Deben actuar con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

  3. Principio de no discriminación y enfoque diferencial: las autoridades públicas deberán brindar la información que afecta a la población específica de la manera y en la forma que permita a esa población afectada comprender la información.3

Sobre los sujetos obligados refiere a que son todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles del gobierno y recae no solo sobre la información que está bajo su custodia, administración o tenencia del Estado, sino también sobre la información que el Estado produce o que está obligado a producir; y la información que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones.

Se extiende a las personas privadas que cumplen funciones públicas o reciben aportes del Estado, o explotan recursos naturales.

Cuando una autoridad pública no pueda localizar la información necesaria para responder una solicitud, debe adoptar medidas razonables para captar, requerir, recuperar, o reconstruir la información faltante a fin de permitir la transmisión a las personas que lo soliciten4. Los Estados tienen la obligación de garantizar la disponibilidad y el acceso a la información, a través de la recolección o producción de aquella información que es necesaria para el cumplimiento de obligaciones internacionales, constitucionales o legales (informe Anual 2015. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III. 31 de diciembre de 2015, parr. 47).

Los criterios expuestos por el Sr. Relator, aquí resumidos, surgen del trabajo incansable que se realizó durante décadas por numerosos y reconocidos organismos de DDHH y los gobiernos, y la sociedad civil, trabajo que seguirá en constante evolución y transformación para el logro del máximo nivel de goce de los derechos fundamentales.5

El Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, emitió un informe de situación sobre Acceso a la Información en mayo de 2016. En él se fortalecen los criterios internacionales apuntados, y se enfatiza la importancia de este derecho, que implica la transparencia en la cuestiones de bien común o res pública y participación ciudadana, y por ello se lo considera como el “corazón jurídico filosófico del sistema democrático”, es inherente a la vida republicana y al Estado Democrático; y agrega que “un pueblo sin opinión propia carece de autonomía”. También destaca un fenómeno que encuadra en las cuestiones ambientales, ya que el derecho a la libertad de expresión ha sido superado ampliamente por el derecho colectivo de las sociedades a ser informadas, sobre todo en temas de intereses colectivos o difusos. Finalmente recomienda pautas básicas para la sanción de una norma que garantice plena y efectivamente el derecho de acceso a la información, que resumimos en:

  1. Presunción de publicidad: toda la información que se encuentra en posesión del Estado es pública y, por tanto, toda persona tiene el derecho a solicitar y recibir información. El Estado debe publicar la información de manera proactiva, en forma clara, a fin de que la ciudadanía ejerza su derecho de manera fehaciente

  2. Legitimación activa amplia e inclusiva,: se debe garantizar un acceso amplio e inclusivo

  3. Legitimación pasiva: todos los organismos y funcionarios del Estado, sin excepción alguna, deben ser considerados como sujetos obligados de la norma, incluidos todas las instituciones y organismos no estatales que reciban fondos o beneficios públicos, desempeñen funciones públicas, o exploten recursos naturales.

  4. Órgano garante: se debe prever un órgano de control de funcionamiento del sistema con la suficiente autonomía e independencia de los sujetos obligados por la ley.

  5. Procedimientos sencillos y eficaces: procedimiento de solicitud de información simple y sin costos; si los hubiere, éstos deben estar específicamente previstos en la ley y limitados a la reproducción y envío de la documentación. El sistema deberá exigir sólo la mínima información necesaria del requirente y en ninguna ocasión se demandará un interés expreso o implícito en la información solicitada. La norma debe establecer un plazo lógico para remitir la respuesta, sólo prorrogable en casos excepcionales y debidamente fundados. En caso de denegatoria, la autoridad debe acreditar claramente los motivos a fin de que el solicitante, si así lo considera, haga valer su derecho de revisión.

  6. Excepciones: estrictamente limitadas a las situaciones previstas por las leyes que habilitan la calificación de información confidencial o reservada. Los organismos obligados por la ley deben fundar de manera taxativa cada una de las excepciones que dispongan y acreditar las razones por las cuales se ha considerado legítimo e ineludible denegar la divulgación de la información. La norma debe garantizar el acceso parcial a la parte integrante del documento protegido que no goce de esta calificación. Transcurrido un plazo de tiempo razonable, el Estado debe publicar toda información que se haya clasificado como confidencial o reservada.

  7. Acceso a la justicia: frente a la denegatoria, demora o cualquier otro acto ilegal que inhiba el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el solicitante debe contar con una instancia de apelación administrativa frente a una autoridad independiente y, en caso de que esta vía no fuere suficiente, la ley debe prever un procedimiento judicial rápido y eficaz para su resolución.

Consideramos que todo lo expuesto debe ser tenido cuidadosamente en cuenta a fin de considerar la respuesta que se nos brindara a la presente solicitud, y que la ley IV – Nº 58 establece que “El silencio, la falta de motivación de la respuesta, o la contestación ambigua o parcial, son considerados como negativa y dejan habilitada la vía judicial”. ARTÍCULO 16.- “Acción judicial de acceso a la información pública. La vía judicial prevista en la presente Ley, es la acción de acceso a la información pública, que se tramitará conforme el procedimiento del proceso sumarísimo en los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial de la jurisdicción que corresponda al sujeto obligado”.

Que según los estándares internacionales y nacionales citados, no resulta necesario el requisito de fundar las solicitudes de accesos a la información. El art. 7 de la ley IV – Nº 58 establece “La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación completa del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad y no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria”. No obstante, nuestro pedido de información pública ambiental se funda en la necesidad de poseer dicha información, ya que como habitantes de la provincia de Misiones, tenemos el deber de preservar la biodiversidad de nuestro territorio, los bienes comunes que prestan servicios ecosistémicos de invaluable valor para la humanidad. En Misiones nos encontramos afectados por los impactos de las obras hidroeléctricas ya existentes en nuestra provincia, o en provincias lindantes, tenemos derecho a participar en cualquier decisión que se tome, a fin de resguardar nuestro derecho a un ambiente sano, enmarcado en el proceso del desarrollo sostenible, que permita sostener las condiciones de vida de la generación presente sin comprometer la posibilidad de supervivencia de las generaciones por venir, y además, ejercer nuestro deber a preservarlo.

Sin perjuicio de las normas ya citadas, nuestra petición se encuentra garantizada por las siguientes normas: Fundamos nuestra pretensión administrativa en la normativa prevista en los artículos 1 y 9 de la ley 25.831; arts 2, 16 y concordantes de la Ley Nacional 25.675; arts 7 y 8 de la Ley Provincial IV – 58 ; art. 1 al 18, arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional; y Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

Agradecemos desde ya su atención, y esperamos contar con la respuesta oportuna, clara, y completa a la mayor brevedad posible, a nuestro legítimo y urgente pedido de información pública ambiental.

Sin más, saludamos con atenta consideración.

José Luis Fuentes, Eduardo Lujan

Mesa No a Las Represas

1 Art. 18 y 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. IV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 4 Carta Democrática Interamericana; art. 20 Carta Social de las Américas, entre otros.

2 CIDH, Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 30 de diciembre de 2009.

3 CIDH, Informe anual 2009.

4 Caso “Gomes Lund y otros vs Brasil (2010). Corte IDH, 24 de noviembre de 2010.

5 Por citar algunos antecedentes: Declaración de Chapultepec (1994); Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (CIDH- 2000); Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, y el Relator Especial de la OEA, 2004; Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información (CJI / Res. 147-LXXIII-0/08/2008); Agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión. Relatoría especial para la libertad de expresión. CIDH, 2009; Resolución 2514/2009 de la Asamblea General de la OEA. Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia; Declaración de Brisbane sobre libertad de información: el derecho a saber (UNESCO 2010); La ley Modelo Interamericana sobre derecho a la información pública;